Consejo de Ecuador suspende el proceso de clausura de radio indígena

El CONATEL, que anunció en diciembre pasado el inicio de un proceso de clausura de la emisora indígena, archivó hoy ese proceso y envió el expediente a la Fiscalía para que determine las responsabilidades personales de cuatro líderes indígenas en los hechos.

En este sentido, Roberto Aspiazu, miembro del CONATEL, confirmó a periodistas que esa institución decidió "reformar" la resolución anunciada en diciembre sobre el proceso de clausura a la emisora indígena.

Aspiazu indicó que el Consejo de Telecomunicaciones acogió el pronunciamiento de una comisión que investigó el caso, en el sentido de que no hay suficientes elementos que permitan determinar una sanción contra la emisora.

El Gobierno de Ecuador acusó a la Radio Arútam, que pertenece a la Federación de la etnia Shuar, asentada en la Amazonía, de haber llamado a la violencia a los indígenas durante unas protestas de ese movimiento, en octubre pasado, contra un proyecto de ley de Recursos Hídricos.

Según el Ejecutivo, varios dirigentes de la etnia Shuar, a través de la emisora, convocaron a los manifestantes para que acudieran a las protestas con lanzas y escopetas y responsabilizó a los mismos indígenas por la muerte del profesor shuar Bosco Wizuma.

Tras conocer la última resolución del Conatel, la nueva ministra coordinadora de Coordinación Política, Doris Solís, insistió en que debe haber sanciones contra los responsables de la violencia y remarcó que hay suficientes pruebas que apuntan a que se llamó a la violencia desde la Radio Arútam.

No obstante, destacó el hecho de que sea la Fiscalía la que investigue el caso y establezca las responsabilidades.

Solís indicó a la emisora Sonorama que el diálogo que propone el Gobierno a los indígenas y a otras organizaciones sociales busca construir un "gran acuerdo nacional" y remarcó que la confrontación es un obstáculo en el proceso de cambio que ha emprendido el Gobierno.

De su lado, Pepe Acacho, directivo de Radio Arútam y dirigente de la federación de la etnia Shuar, celebró la resolución del Conatel, aunque no descartó una demanda contra el Estado por los supuestos daños y perjuicios que generó el proceso de clausura a la emisora indígena y a su colectivo.

"¡Viva la libertad de expresión!", "Abajo la tiranía", dijo Acacho, quien es uno de los imputados en el proceso penal, a cargo de la Fiscalía, sobre los hechos violentos y la muerte de Wizuma durante las protestas de octubre.

C. Márquez